Mercenarios

Javier Muñoz Ortiz

 

El mercenario según el Convenio de Ginebra:

Definición de mercenario: Se define como mercenario a todo soldado o persona con experiencia militar que participa de forma activa en un conflicto bélico prescindiendo, usualmente, de las motivaciones ideológicas, filosóficas, nacionalistas, políticas o religiosas del bando para el que lucha.

El mercenario participa de un conflicto armado únicamente por intereses personales y económicos, siendo esta su motivación principal.

Significado de mercenario: El término mercenario posee su raíz etimológica en el latín merces, que bien podría significar salario, sueldo, honorario o paga por servicios prestados.

Asimismo, merces deriva del latín merx, que significa mercancía.

Por tanto, en base a su significado etimológico, se puede definir a un mercenario como un soldado a sueldo.

El Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, en la Sección II – Estatuto de combatiente y de prisionero de guerra, Artículo 47 proporciona la definición internacional más ampliamente aceptada de mercenario, aunque no está respaldada por algunos países, incluido Estados Unidos de América (EUA). El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977, establece:

Artículo 47 – Mercenarios  

  1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra.
  2. Se entiende por mercenario toda persona:
  3. Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado;
  4. que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades;
  5. que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares a las fuerzas armadas de esa Parte;
  6. que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto;
  7. que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y
  8. que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto.

La Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y la instrucción de mercenarios adoptada por Resolución 44/34, de 4 de diciembre de 1989, de la Asamblea General de las Naciones Unidas entró en vigor el 20 de octubre de 2001. Actualmente es el único instrumento jurídico vinculante.

El artículo 1º de dicha Convención define el concepto de “mercenario”.

Esta definición se complementa con lo previsto en el artículo 5º, en el sentido que impone a los Estados Partes de la Convención la obligación de abstenerse de reclutar, utilizar, financiar o entrenar mercenarios y la obligación de prohibir ese tipo de actividades en sus ordenamientos jurídicos nacionales.

En último término, los artículos 2º, 3º y 4º de la citada Convención establecen delitos relacionados con los mercenarios. En concreto, el artículo 2º establece que “cometerá un delito toda persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios”. Luego, el artículo 3º agrega que cometerá delito todo mercenario “… que participe directamente en hostilidades o en acto concertado de violencia, según sea el caso”.

Sin embargo, tiene dos graves inconvenientes:

1° No dispone de ningún mecanismo de control.

2° Sólo ha sido ratificada por 31 Estados.

Estados Unidos de América, y otras grandes potencias que recurren frecuentemente a mercenarios no la han ratificado. Chile tampoco lo ha ratificado.

El Estado, los mercenarios y el ejército:

Tanto en su etapa antigua como en la actualidad la utilización de mercenarios por parte de los Estados ha sido observado como un indicador de su debilidad. Pero al relevar de manera más detallada su utilización en los periodos constitutivos de los Estados se evidencia que su utilización (sean estos individuales o compañías) desempeñaron un importante papel en la constitución y  en la construcción de dichos estados.

En el ocaso de la sociedad primitiva, cuando la producción sólo alcanzaba para mantener la vida humana, la explotación de un hombre por otro no era posible. Por ello, en la mayoría de los casos, se sacrificaba a los prisioneros de guerra, o bien se los admitía como miembros iguales en derechos, para reforzar la comunidad. El aumento de la productividad del trabajo hizo que el prisionero produjera ya más de lo que era necesario para su mantención.

Al obligar al prisionero a trabajar para sus captores, arrebatándole su porción correspondiente del plus producto social, una parte de la sociedad pudo usurpar los bienes creados por el cautivo, es decir, explotarlo. Entonces, en lugar de sacrificar a los prisioneros se les convertía en esclavos, trabajadores sin derechos, mantenidos por la comunidad mientras proporcionaban plus producto y eran ventajosos. Al esclavo se le podía matar desde el momento en que ya su trabajo dejaba de traer provecho a la comunidad.

Al principio, los esclavos pertenecían a la comunidad en su conjunto. Posteriormente fueron apropiados, junto con otros bienes comunales, por las personas más influyentes de la comunidad, pasando a ser propiedad privada de los jefes de las tribus. La explotación de los esclavos aportaba riquezas a esta gente y acrecentaba su poder.

El desarrollo de las fuerzas productivas afecto el aspecto más importante de las relaciones de producción, la pertenencia de los instrumentos y medios de producción. Se produjo la división de la sociedad en clases. Por primera vez en la historia de la humanidad surgió la sociedad de clases.

La propiedad privada y la desigualdad material originaron cambios en los derechos y las obligaciones de los miembros de la sociedad. La cúspide acomodada monopolizó de hecho la gestión de todos los asuntos de la comunidad territorial. Los nobles y ricos usurparon también, paulatinamente, la fuerza militar de la comunidad, utilizándola no tanto en provecho común, sino también para conseguir sus fines egoístas, es decir, para multiplicar sus riquezas y, en primer lugar, adquirió más esclavos productores de la riqueza.

Para mantener sumisos y hacer trabajar en provecho ajeno a los esclavos; para multiplicar sus riquezas y satisfacer su codicia sin límites, los esclavistas necesitaban un órgano permanente de violencia y coerción. Tal órgano, que iba naciendo paulatinamente, fue el Estado.

Mercenario haciendo trabajar en provecho ajeno a los esclavos, foto pág. Web.

Para cumplir sus funciones, el Estado necesitaba un aparato apropiado. En sus comienzos utiliza con este fin algunas instituciones de la comunidad y la tribu, que no expresaban ya los intereses de toda la sociedad, sino los de unos cuantos jefes que iban adquiriendo el poder hereditario. A diferencia de la época de la comunidad primitiva, en que la fuerza militar era una milicia que estaba constituida por todos los miembros de la comunidad aptos para las armas y sólo actuaban si era necesario, en el Estado esclavista aparece una fuerza separada por el pueblo y opuesta a él (el ejército), llamado a defender los intereses egoístas de los explotadores.

El empleo sistemático de mercenarios se debió principalmente a razones de índole interna antes que externas. Lo primero que hay que entender es que la noción de mercenarios (y esto es casi invariable para cualquier época) es indisociable a la noción de extranjero. Los monarcas de los primeros estados confiaban su propia seguridad interna a milicias mercenarias compuesta por sujetos externos al área de dominio que iban consolidando. Los monarcas aseguraban tanto su propia seguridad como la de sus dominios con elementos extranjeros ante las disputas de los diversos poderes nobiliarios que estaban en conflicto ante la creciente concentración de poder. Pero sobre todo, y no hay que olvidarlo, evitaban por todos los medios adiestrar y armar a sus propios súbditos. El siglo XVI fue también un siglo cargado de revueltas populares y campesinas, muchas veces apoyadas por los poderes nobiliarios contrarios al monarca, con lo cual no extraño que los poderes centrales se hayan resistido a armar a su propio pueblo en su lucha con otros poderes centrales. Pero el recurso a mercenarios, es decir a extranjeros, tuvo por objeto no solo mantener desarmado a las clases subalternas sino usarlos para reprimir a éstas.

Las revueltas campesinas del siglo XVI fueron, en todos los casos, desarticuladas sistemáticamente por las fuerzas mercenarias que respondían únicamente a la paga del monarca de turno.

Los mercenarios respondían a la paga del monarca, foto pág. Web.

Una vez que dichas disputas fueron zanjándose y el poder estatal asentándose al igual que el de las burguesías la utilización de mercenarios fue dejándose poco a poco de lado. No fue hasta después de la guerra de los treinta años (entre 1618 y 1648, en la que intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la época), cuando el sistema estatal quedó medianamente constituido, que las compañías militares mercenarias, debieron o bien perecer o sumarse a la estructura permanente de los ejércitos. En el caso de los mercenarios estos se fueron adaptando a la estructura estatal conformándose con una paga regular pero constante del estado creando, así, los modernos ejércitos profesionales. Las normativas tras la paz de Westfalia (tratados multilaterales firmados entre enero y octubre de 1648), una vez que los Estados incorporaron dichos ejércitos, tendió a restringir y a prohibir la aparición de compañías mercenarias que se ofrecían al mejor postor.

Los mercenarios en el Estado capitalista:

Al igual que en los estados esclavista, feudalista y hoy en el capitalista, la utilización de mercenarios parece ser indisociable de su estatus de extranjero. La utilización de mercenarios extranjeros no puede verse solo como la necesidad de importar conocimientos a una región carente de ella. Y aquí juega otro aspecto de interés que los mercenarios jugaron en la conformación del Estado modernos. Éstos en muchos casos eran bandidos y convictos que se alistaban voluntariamente a cambio de evitarse las condenas. Para los iniciales estados el exportar mercenarios, en muchos casos, co-ayudó a la pacificación de sus territorios. Así los mercenarios ayudaron a pacificar las fronteras internas de los estados tanto en términos positivos como negativos; en un caso utilizando extranjeros para aplacar revueltas internar y, en el otro, exportando mano de obra sobrante y armada a las afueras de las fronteras.

Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir empresas privadas de mercenarios. Asimismo, durante el proceso de descolonización que se produjo en las décadas de los sesenta y setenta, las antiguas potencias coloniales, para salvaguardar sus intereses comerciales, particularmente en África, se sirvieron de mercenarios para luchar contra los movimientos de liberación nacional que reivindicaban el derecho de libre determinación de los pueblos. Después los mercenarios han continuado actuando esporádicamente en algunos conflictos armados. Pero el fenómeno de las Compañías Militares Privadas (CMP), no se desarrollaría hasta 1989 con el fin de la Guerra Fría.

La desmovilización militar de las grandes potencias al finalizar la Guerra Fría ha arrojado al mercado laboral a miles de profesionales de la guerra, formados y entrenados por sus respectivos gobiernos, que se han encontrado cesantes dispuestos a aceptar contratos de las CMP. Además, el triunfo de la economía de mercado, que se ha globalizado a nivel mundial, ha ofrecido la posibilidad a muchos gobiernos neoliberales, como los de Estados Unidos de América (EUA) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entre otros, de privatizar cada vez más los dos sectores principales del uso de la fuerza: el del mantenimiento del orden público interno y el sector militar de cara al exterior.

Mercenarios que luchan a cambio de dinero sin motivaciones ideológicas, foto pág. Web.

Igualmente, muchas compañías transnacionales, como British Petroleum (BP), La Shell plc (anteriormente Royal Dutch Shell), British Airways, General Motors Company (GMC) y The Coca-Cola Company, los servicios diplomáticos de muchas embajadas que se encuentran en zonas peligrosas o de conflicto como Bagdad, organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) como CARE internacional, Caritas Internationalis, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International Development “USAID”) y World Visión, contratan Compañías Militares Privadas para proteger a sus empleados, locales, transportes y convoyes.

La USAID, ha jugado un papel importante en las Revoluciones de colores, tanto en Europa Oriental, Oriente Medio, Republica de Nicaragua (2018), República Bolivariana de Venezuela (2019), y Republica de Cuba (2022), pagando a mercenarios para que violenten las manifestaciones sociales ocurridas en dichos países.

Mercenarios defendiendo un barco de una empresa, foto pág. Web.

A través de la cada vez mayor privatización que ha ido experimentando la guerra en general en el mundo, pero muy particularmente dentro de la nueva doctrina militar de Estados Unidos de América, los mercenarios han visto crecer su valor y estima en el mercado mundial. Las grandes Compañías Militares Privadas, buena parte de ellas dirigidas por ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero también de otros orígenes, son contratadas por el Pentágono tanto para que se responsabilicen a través de sus miles de empleados (mercenarios) de proteger pozos petrolíferos o custodiar convoyes que proporcionan víveres y suministros a sus tropas, como para llevar a cabo peligrosas misiones comando o incluso para elaborar manuales militares o entrenar a determinados batallones de las Fuerzas Armadas regulares.

Es un tipo de guerra que sale barata. El riesgo es reducido y el gasto, bajo. Además, sus gobernantes no tienen que dar cuenta de las bajas ante su opinión publica. Los países donde actúan los mercenarios poco pueden hacer, ya que están en manos de sus protectores. Así se ha llegado a una situación en la que hay mercenarios luchando en multitud de conflictos: Siria, Yemen, Libia, etc.

Estas poderosas compañías, que pueden crear en poco tiempo ejércitos privados, de cualquier envergadura, han ganado estatus, trabajan para empresas reconocidas y apreciadas por los estados, muchas veces ligadas directamente al aún más poderoso lobby industrial armamentístico, el más interesado precisamente en las guerras.

En el caso de algunas CMP existen dudas razonables de si son realmente CMP o ejércitos mercenarios de gobiernos nacionales para llevar a cabo aquellas operaciones militares donde la presencia oficial del Estado en cuestión crearía un conflicto interno. El estatus jurídico de dichas compañías es más que dudoso en algunos casos: por una parte, algunas de sus acciones han ido más allá de las meras tareas de seguridad y defensa; por otra, países como Estados Unidos de América, al no ser signatarios de las convenciones internacionales en las que se define y limita el uso y contratación de mercenarios, mantienen una peculiar relación con estas empresas. Legalmente los mercenarios solo pueden acompañar a las fuerzas armadas del estado contratante, pero no entablar combate directo. Por supuesto este aspecto resulta difícil de determinar. Para alimentar recelos y complicar aún más la delicada situación de estas empresas y sus integrantes, Lewis Paul Bremer firma en el año 2004 la Orden número 17 en la que se define el estatus de los contratistas que trabajan para el gobierno estadounidense: se establece que ni las empresas ni los individuos que trabajan para ellas están sujetos a las leyes y regulaciones de las zonas donde actúan, sino a las de los estados que los contratan, lo que en la práctica les concede una suerte de inmunidad.

Personal de Blackwater escoltando a Paul Bremer, a su llegada a Ramadi, Irak, en marzo de 2004, foto pág. Web.

Actualmente se estima que existen alrededor de 300.000 Compañías Militares Privadas que generan en torno a 150.000 millones de dólares anuales a través de sus contratos.

Los mercenarios en estas CMP, pueden ganar hasta 200.000 dólares anuales exentos de impuestos.

Algunas actividades como la subcontratación de tareas técnicas de logística (limpieza de minas, etc.), poco sensibles pero costosas, no presentarían grandes problemas y no tendrían repercusiones. Sin embargo, existen otras según se va pasando a operaciones más sensibles en las que las Compañías Militares Privadas actúan en una zona gris, como la seguridad de instalaciones públicas (protección de embajadas, de oleoductos, de cárceles privadas, etc.) y el mantenimiento del orden público (acciones antisindicales, vigilancia de personalidades opositoras a gobiernos, etc.) en las que se corre el riesgo de violar los derechos humanos. A veces incluso se realizan actividades de entrenamiento de fuerzas militares en las que la capacitación y el adiestramiento de un ejército pueden transformarse en una ayuda encubierta al servicio de uno de los beligerantes. Los asesores militares se convierten entonces (como ocurrió en la Republica de Angola y Sierra Leona con los asesores de Executive Outcomes en la década de los noventa), en mercenarios que participan directamente en los combates. Las empresas de seguridad operan en una zona oscura y poco transparente que incluye un amplio abanico de actividades. Algunas de ellas tendrían que estar reglamentadas y controladas, mientras que otras deberían prohibirse. En la segunda categoría se incluyen la participación directa en las hostilidades; el uso, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios; las acciones que podrían violar los derechos humanos o provocar una represión interna; el saqueo, explotación y otras actividades económicas ilícitas como la extracción de minerales; y el negocio de armas.

A las 01:00 horas del 7 de julio de 2021, el presidente haitiano Jovenel Moïse, fue asesinado tras un ataque en su residencia por un grupo de 28 mercenarios fuertemente armados. Su esposa resultó herida tras el ataque. Los mercenarios fueron capturados por la policía haitiana, de los 28, mercenarios, 26 de ellos eran colombianos y dos eran estadounidenses de origen haitiano, mientras que otros ocho sospechosos seguían prófugos. El 9 de julio, el director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas, anunciaba que la Compañía Militar Privada, Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC, contrató a los mercenarios colombianos, para dar seguridad VIP y se les pagó US$ 3.000 mensuales.

Mercenarios que asesinaron al presidente de Haití, foto pág. Web

Las guerras del Emirato Islámico de Afganistán y de la Republica de Irak y de la inestabilidad de la posguerra de dichos países, es cuando las Compañías Militares Privadas han experimentado el mayor auge. En 2003, el Secretario de Defensa de EUA estimaba en unos 20.000 los efectivos de las empresas privadas de seguridad en la Republica de Irak, lo que representaba el 15% de los 173.000 efectivos desplegados por las Fuerzas Armadas de la coalición en ese país (de los cuales 155.000 eran estadounidenses). Las Compañías Militares Privadas constituían en 2003 la segunda fuerza de ocupación, por detrás del ejército de EUA. Dos años después se calculaba que en la Republica de Irak había alrededor de 100.000 personas contratadas para trabajar con las fuerzas estadounidenses de ocupación en tareas de seguridad y también en servicios de logística, transporte, construcción, alimentación, etc.

Al igual que las empresas transnacionales, las Compañías Militares Privadas, tienen gran facilidad para desplazarse de un Estado a otro cuando consideran que las normas que un gobierno les impone son demasiado estrictas. Pueden establecer holdings o sucursales en otros países – como hizo Sandline International en las Bahamas – u operar a través de compañías subsidiarias. Asimismo, para evitar pagar impuestos o que les congelen los bienes, estas empresas se instalan a menudo en paraísos fiscales.

Generalmente se trata de hombres y mujeres formados dentro del código militar o de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. Las Compañías Militares Privadas, no tienen una plantilla fija de profesionales, sino que trabajan a partir de bancos de datos, redes y listas que contienen los nombres de ex policías y ex militares y también los de policías y militares en activo que, ante los salarios que les ofrecen, no dudan en pedir permiso para ausentarse de su trabajo. Al no molestarse en averiguar el pasado de estos profesionales, las compañías contratan también a individuos con un pasado turbio. Algunos miembros del personal de las Compañías Militares Privadas, han servido a regímenes militares represivos. Se cree que muchos de los surafricanos que trabajan en la Republica de Irak y que, entre otras actividades, están entrenando, capacitando y formando a la policía iraquí, provienen de la policía y del ejército surafricanos del apartheid.

En 1994, el ex entonces presidente de Colombia César Gaviria, firmó el Decreto 356, que permitió a los terratenientes reclutar ejércitos privados propios y liberalizó la ley sobre el establecimiento de la CMP para luchar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP). Como resultado del Decreto 356, en 2014 Colombia tenía 740 CMP operando, más que en cualquier otro lugar del mundo. Estas compañías, para esconder su identidad, se hacían llamar: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en definitiva se convirtieron en grupos para militares.

Las Autodefensas Unidas de Colombia, fueron los grupos armados que más víctimas ha dejado en Colombia, con 94.754 asesinatos comprobados; aún se siguen encontrando varias fosas comunes donde al parecer hay más de 40 mil cadáveres.​ Son responsables de torturas,​ asesinatos, desplazamiento forzado, masacres,​ despojo de tierras y del 44 % de los desalojos en el país, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Según las Naciones Unidas, las AUC son responsables de 80 % de los asesinatos de civiles del conflicto armado interno en Colombia.​

Autodefensa Unida de Colombia, foto pág. Web.

Cada vez más mercenarios colombianos han sido contratados por Compañías Militares Privadas estadounidenses por ser más baratos que los mercenarios estadounidenses. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha contratado mercenarios colombianos para librar su guerra en la Republica del Yemen.

Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, firmó un contrato por 212 millones de dólares con la Compañía Militar Privada Silvercorp, para planificar y realizar la Operación Gedeón, para tal acción fueron reclutadas cerca de 200 personas a las que entrenaron en Bogotá y Maicao, en el departamento nororiental La Guajira.

Para llevar a cabo la acción se conformaron grupos de 20 personas liderados por exmilitares venezolanos y asesorados por ciudadanos estadounidenses que los capacitaron en tácticas de combate y se movían en aviones privados.

En la primera quincena de mayo del 2020, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) junto con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana frustraron la incursión de los grupos mercenarios que tenían como objetivo generar violencia y atentar contra miembros del Gobierno venezolano para concretar un golpe de Estado. Fueron apresados 28 mercenarios, incluidos dos estadounidenses, y otros ocho murieron.

Mercenarios de la Operación Gedeón capturados, foto pág. Web

En la República Popular de Donetsk, el 9 de junio del 2022, tres mercenarios, dos británicos (Aiden Aslin y Shaun Pinner) y un marroquí (Saadun Brahim) fueron condenados a muerte por la corte suprema de dicha República.

Mercenarios capturados en el Dombas, foto pág. Web.

El 18 de junio del 2022, dos mercenarios de estadounidenses, son capturados por militares rusos durante el operativo en Ucrania.

Alexander Drueke, de 39 años, y Andy Huynh, de 27, estaban en una misión de reconocimiento y se les ordenó cubrir la retirada cerca de Járkov.

Alexander Drueke y Andy Huynh, foto pág. Web

Alexander Drueke, oriundo de Tuscaloosa, Alabama, sirvió en Irak como sargento primero del Ejército estadounidense tras los atentados del 11-S. Andy Huynh, por su parte, es originario de California y sirvió 4 años en los Marines. Pertenecían a la unidad Baguette que opera en el Este de Ucrania, compuesta por mercenarios extranjeros principalmente por veteranos franceses.

A finales de junio del 2022, el Congreso de la República del Perú, promulgó la Ley N° 31494 que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana, dándoles la posibilidad de recibir armas del Gobierno, pueden recibir armas de donaciones, o de cualquiera.

Los CAD surgieron en el Perú en las zonas rurales como respuesta a las acciones armadas que realizaba el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) entre los años 1980 y 2000.

Los CAD, dirigidos por las Fuerzas Armadas, se convirtieron en un instrumento eficaz para derrotar militarmente al PCP-SL en el campo, y fueron reconocidos por el Estado peruano como organizaciones de la población ubicadas en comunidades o zonas declaradas en Estado de Excepción para desarrollar actividades de autodefensa y desarrollo.

Se esperaba que, con la derrota de los senderistas, los CAD fueran disminuyendo en número, pero aún permanecen activos en muchas zonas alejadas del control estatal, sobre todo por la falta de efectivos policiales, cuya ausencia ha sido llenada por estos grupos armados.

Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, foto pág. web

Compañías Militares Privadas en Chile:

A finales de 2003, la CMP Red Táctica de José Miguel Pizarro Ovalle (ex oficial de Ejército) empezó a reclutar para la Compañía Militar Privada norteamericana Blackwater a ex militares y ex policías chilenos para ir a trabajar a la Republica de Irak, como contratistas independientes. Red Táctica (Tactical Network) que fue establecida en 2001 en los Estados Unidos de América por José Miguel Pizarro Ovalle con otros socios, se encargaba, presuntamente, de establecer contactos entre gobiernos latinoamericanos y fábricas de armamento norteamericanas. En Chile, José Miguel Pizarro estableció una subsidiaria, la empresa Grupo Táctico Chile. Sin embargo, para los trámites con Blackwater y con el fin de eludir problemas con las autoridades chilenas, José Miguel Pizarro Ovalle, que operaba desde Santiago, estableció y domicilió en Montevideo la empresa Neskowin. El Presidente y jefe ejecutivo de la empresa no era otro que el mismo José Miguel Pizarro Ovalle. Se reclutaba a chilenos para trabajar en la Republica de Irak para la empresa Blackwater pero los contratos que firmaban los ex militares y ex policías como contratistas independientes o guardias de seguridad estaban regidos por las leyes uruguayas. Asimismo, el lugar de contratación no era Santiago de Chile sino Carolina del Norte (Estados Unidos de América) sede de la empresa Blackwater. Los primeros 150 chilenos, reclutados y entrenados por Blackwater en su base de Moyock, en Carolina del Norte, salieron para la Republica de Irak en dos partidas distintas de 77 cada una en febrero de 2004 con destino a Diwaniya, Al-Hillah, Kerbala y Basora. Anteriormente, José Miguel Pizarro Ovalle había ya mostrado la preparación militar de los chilenos, seleccionados por él, a agentes de Blackwater venidos expresamente de los Estados Unidos de América que asistieron en Chile a varias pruebas denominadas castings.  Convencidos del profesionalismo de los chilenos, Blackwater y José Miguel Pizarro Ovalle obtuvieron, de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, para estas dos primeras partidas de chilenos un visado de un año con múltiples entradas para asistir a reuniones en Blackwater-Moyock, Carolina del Norte.

A finales de 2004, José Miguel Pizarro, sin dejar a Blackwater empezó a trabajar simultáneamente con Triple Canopy, otra Compañía Militar Privada norteamericana. Reclutaba a chilenos para trabajar para Triple Canopy en la Republica de Irak o al Emirato Islámico de  Afganistán, como guardias privados pero la compañía de José Miguel Pizarro no era la misma que contrataba para Blackwater sino Global Guards Corporación, una compañía representada por José Miguel Pizarro Ovalle, domiciliada en Panamá y regida por las leyes de ese país. La contratación así como el entrenamiento de los chilenos seleccionados por José Miguel Pizarro Ovalle se hacía ahora en Ammán. Los salarios variaban también. Blackwater pagaba alrededor de 3.000 dólares mensuales, Triple Canopy sólo unos 1.000 dólares mensuales.

A través de Neskowin, en el Uruguay, y de Global Guards, en Panamá, José Miguel Pizarro Ovalle proveía respectivamente a Blackwater y Triple Canopy prestadores independientes de servicios privados de seguridad para ir a trabajar como guardias o vigilantes privados en la Republica de Irak, Jordania, Emirato Islámico de  Afganistán, y/o al Estado de Kuwait, pero podían ser enviados a cualquier otro lugar donde operaban dichas compañías. Los contratos señalan que habían sido firmados en Moyock, Carolina del Norte (Estados Unidos de América) por lo que respecta a Blackwater y en Ammán (Jordania) en lo que concierne a Triple Canopy. Más adelante otras cláusulas del contrato estipulan: a) que las partes están de acuerdo en resolver todas las diferencias, desavenencias y controversias en relación con el contrato en el Tribunal Arbitral del Uruguay (para Neskowin) y en el Tribunal Arbitral de Panamá (para Global Guards); b) que el contrato se regirá por las leyes del Uruguay (para Neskowin) y de Panamá (para Global Guards). Al firmar el contrato los chilenos no sólo abandonan así algunos de sus derechos más fundamentales, como el de la jurisdicción de su país pues los tribunales no son competentes, sino que también se inhabilitan de hecho en el caso de que tengan que hacer una reclamación contra la compañía.

En otra de las cláusulas comunes a los contratos de ambas compañías, el guardia reconoce que prestará sus servicios “en un ambiente de alta peligrosidad y riesgo para su seguridad y/o integridad personal y que es de su libre elección y de su exclusiva responsabilidad prestar servicios en esas condiciones”. Asimismo, reconoce que operará en “países en estado de guerra, en donde existen fuerzas de ocupación y focos de resistencia”. Sin embargo, como está estipulado en otra cláusula también común a los contratos de las dos compañías, el guardia declara expresa e irrevocablemente que libera a la compañía que le ha contratado (Neskowin o Global Guards) y a la compañía para la que trabaja (Blackwater o Triple Canopy) así como a sus compañías relacionadas, etc., de toda responsabilidad, pago, indemnización o asistencia, por cualquier daño o perjuicio a su seguridad y/o integridad personal que en el ejercicio de sus funciones resultare producto de cualquier acción de terceros prevista o imprevista (más allá de lo que se contempla en su seguro de vida).

Según José Miguel Pizarro Ovalle, seleccionó y contrató a 756 chilenos para Blackwater y Triple Canopy, y quizás para otras como Boots and Coots (compañía norteamericana domiciliada en Texas). Sin embargo, el número de chilenos que han salido para la Republica de Irak, es probablemente superior por varias razones. Grupo Táctico Chile, Neskowin y Global Guards no habrían sido las únicas compañías de reclutamiento de chilenos para ir a la Republica de Irak.  Así, por ejemplo en 2005, la compañía Your Solutions, Honduras S. de RL, intermediaria de la norteamericana Your Solutions Incorporated domiciliada en Illinois (Estados Unidos de América), seleccionó y reclutó a 105 ex militares y ex policías chilenos para trabajar en la Republica de Irak, para la compañía Triple Canopy. Los chilenos, que entraron en el país con visado de turista, fueron entrenados en la Republica de Honduras junto con otros hondureños antes de partir rumbo a la Republica de Irak. Otros 50 chilenos se encontraban en ese momento en la Republica de El Salvador también para ser entrenados en la Republica de Honduras. Es interesante señalar que entre los chilenos encargados de la operación de Your Solutions en Honduras se encontraba Oscar Aspe, un antiguo compañero de José Miguel Pizarro Ovalle que había trabajado ya con él en la Republica de Irak.

Asimismo, según informaciones recibidas, habría actualmente en Chile empresas operando clandestinamente que reclutan a chilenos para ir a la Republica de Irak, como Your Solutions, Loft Security, Land and Fire Intregral Services y Britain Security, en Viña del Mar y Santiago. Algunas de las personas que dirigen esas empresas habrían colaborado anteriormente con José Miguel Pizarro Ovalle.

Foto, del supuesto perfil de la empresa Grupo Táctico Blackwater en Facebook.

Uno de los mercenarios que fue a la Republica de Irak, el mayor (r) del Ejército Juan Ramón Viveros de la Cuadra estuvo seis meses. Según sus palabras; partió en febrero y regresó en agosto. Sin embargo, hoy lo pensaría muy bien antes de volver. No tanto por el clima, ni las personas, ni siquiera por la guerra, sino que simplemente porque las condiciones económicas han cambiado.

Comenta que es difícil que le vuelvan a cancelar los US$ 3.000 mensuales que ganó estando en la ciudad de Karbala, al Sur de la Republica de Irak. Hoy los sueldos no superan los US$ 1.500, básicamente porque las empresas del rubro se han diversificado. Ya son muchos los países del Cono Sur y Centroamérica que envían a ex militares y policías a la zona: Honduras, El Salvador y Perú, entre otros.

En el 2003, la Televisión Nacional de Chile (TVN) difundió un primer reportaje en el que se mostraban ejercicios militares con armas largas en un terreno privado en las cercanías de Santiago. Las personas que se entrenaban eran presuntamente ex militares, pero se presumía que también militares todavía activos hubieran podido participar por el hecho de que José Miguel Pizarro Ovalle hubiera puesto carteles en el interior de algunos cuarteles, a raíz de lo cual se le habría prohibido la entrada.

A finales de 2003, la Dirección General de Movilización Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía Militar. Unos meses más tarde, TVN difundió otro reportaje con unos 15 testimonios de guardias de seguridad que habían vuelto de la Republica de Irak, o de familiares con guardias de seguridad todavía en la Republica de Irak, que denunciaban promesas no cumplidas y malos tratos. A raíz del programa, el ministerio público militar formalizó, el 21 de octubre de 2005, ante los tribunales militares una denuncia en contra de José Miguel Pizarro Ovalle por los delitos de formación de grupo de combate armado y usurpación de funciones propias de las fuerzas armadas y de orden. En el escrito presentado por el Fiscal General Militar ante el Juzgado Militar se sostiene que el reportaje de la televisión “es preciso y concluyente en mostrar a un grupo de ex militares que se adiestra y prepara para una guerra, con armamento de puño y eventualmente de guerra. A lo anterior debemos agregar un hecho que suma mayor gravedad a este estado de cosas. En efecto, de las imágenes se puede apreciar la presencia de al menos un extranjero de habla inglesa, y cuya nacionalidad pareciera ser de Estados Unidos, el cual interactúa con las otras personas en el entrenamiento y ejecución de ciertas acciones ofensivas y defensivas junto a José Miguel Pizarro Ovalle. Del contexto del reportaje, se desprendería que podría ser un ex militar de las fuerzas armadas de dicho país”.

Según el mismo escrito, la formación de grupo de combate armado infringía el artículo 8 de la Ley Nº 17789 sobre control de armas. Asimismo, se señala que las acciones ofensivas y defensivas, el uso de armamento ligero y pesado y las técnicas de lucha en localidades, propias del ámbito castrense, invadían ámbitos que la Constitución chilena establece para las fuerzas armadas y de orden. El Fiscal Militar solicitó en aquel momento, entre otras cosas, que:

  1. Se dictase arraigo inmediato contra José Miguel Pizarro Ovalle, y sus ayudantes chilenos implicados en la instrucción militar;
  2. Oficiase al Ministro de Defensa Nacional para que informase si las autoridades de los Estados Unidos de América habían solicitado autorización o informado al Gobierno chileno sobre la presencia en Chile de ex militares estadounidenses en relación con las actividades militares vinculadas a las empresas de José Miguel Pizarro Ovalle;
  3. La Embajada de los Estados Unidos de América en Chile informase sobre el asunto;
  4. Se pidiese al Ministerio de Relaciones Exteriores si las actividades de José Miguel Pizarro Ovalle y sus compañías constituían el delito internacional de reclutamiento de mercenarios.

Las autoridades chilenas explicaron que las actividades llevadas a cabo por las empresas de José Miguel Pizarro Ovalle, son difíciles de juzgar por no haber una tipificación clara en el marco normativo chileno. Las figuras normativas por las que se le ha encausado son de tres tipos:

  1. En virtud del artículo 8 de la Ley de control de armas; se pudo probar que las armas eran de plástico. Sin embargo, en el reportaje de Informe Especial se puede ver a José Miguel Pizarro Ovalle, vestido de contratista independiente en un polígono civil de la capital utilizando un arma militar para probar la solidez de un chaleco antibalas para sus reclutas. Según la información proporcionada por el General Izurieta, a causa de estas escenas mostrando a José Miguel Pizarro Ovalle, con armas militares tuvo que dimitir el teniente coronel Martin que equivocadamente había dado la autorización.
  2. En virtud del Código Penal, por usurpación de funciones de las fuerzas armadas como puede ser la formación de grupos de combate y convención ilícita.
  3. En virtud del artículo 5 bis del Decreto-ley Nº 3607 (1981) que regula las actividades de la vigilancia privada en Chile.

La causa contra José Miguel Pizarro Ovalle y las actividades de sus compañías que comenzó en la justicia militar se encuentra ahora en dos procesos: uno en la justicia ordinaria y un segundo en la justicia militar.

Justicia ordinaria: De acuerdo a la información facilitada por la Corte Suprema de Chile, la causa iniciada por la Fiscalía Militar por el delito de infracción al artículo 5 bis del Decreto-ley Nº 607 de la Ley de vigilantes privados fue remitida por el Segundo Juzgado Militar de Santiago al 17º Juzgado del Crimen de Santiago. Dicho artículo prohíbe “a toda persona natural o jurídica proporcionar u ofrecer, bajo cualquier forma o denominación, vigilantes privados«.  En esta causa, que se acumuló a otra ya existente en dicho juzgado ordinario, se condenó a José Miguel Pizarro Ovalle a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, una multa de 200 ingresos mínimos mensuales e inhabilidad perpetua para funciones que requieran autorización del Decreto-ley Nº 3607 sobre vigilantes privados. El 23 de agosto de 2006, José Miguel Pizarro Ovalle apeló dicha sentencia que se encuentra en la actualidad ante la Corte de Apelaciones.  A la pregunta planteada a las autoridades sobre la insignificancia de la sentencia en primera instancia, se respondió de que si bien la pena era baja los efectos jurídicos eran importantes ya que si se le vuelve a condenar por segunda vez los beneficios que hubiere adquirido los pierde y la pena se debe, esta vez, cumplir en un centro penitenciario sin poder tampoco recurrir a un atenuante. En caso de reincidencia el artículo citado estipula específicamente que «la pena será de presidio menor en sus grados media a máximo y multa de 500 a 1.000 ingresos mínimos mensuales«.

También se trató en los tribunales ordinarios la denuncia presentada contra José Miguel Pizarro Ovalle por el entonces diputado Alejandro Navarro Brain y el diputado Antonio Leal Labrín, el 8 de abril de 2004, ante el 17º Juzgado del Crimen por el delito de asociación ilícita. Con fecha 5 de octubre de 2005 se dictó sobreseimiento temporal y se archivó la causa.

Justicia militar: En la actualidad se encuentran radicadas en la Quinta Fiscalía Militar las causas Nº 1731-05 y Nº 916-06 en contra de José Miguel Pizarro Ovalle. Ambas se encuentran acumuladas al rol Nº 1731-05 en estado de sumario. El tribunal tiene que determinar si se ha infringido la Ley de control de armas.

José Miguel Pizarro Ovalle, continuaría con sus actividades dedicándose actualmente a entrenar perros para detectar coches bomba.  Presuntamente los explosivos que se utilizarían para los entrenamientos serían verdaderos y habrían sido sustraídos al ejército. En la misma parcela donde se entrenan a los perros, se realizarían entrenamientos paramilitares con fusiles AK-47 y M-16. A raíz de esas informaciones el senador Alejandro Navarro Brain, habría solicitado la reapertura de la causa contra José Miguel Pizarro Ovalle, que había sido suspendida temporalmente.

La seguridad privada en Chile:

En 2006, el total de agentes de seguridad privada en Chile, entre vigilantes privados (6.300) y guardias de seguridad privada (88.600), era de 94.900 lo que representaba más del doble del total de los efectivos de carabineros (27.000) y de policías de investigaciones (7.300, de los cuales un total de 3.600 operativos). Dichos agentes privados se involucrarían en la vigilancia de espacios cada vez mayores formando parte del diario vivir de la población. Según datos proporcionados por carabineros, la seguridad privada genera anualmente 116.502 puestos de trabajo.

Según los datos suministrados por la Dirección de Carabineros, hasta el 2008, 116.502 personas trabajaban en el sector privado de la seguridad. La industria de la seguridad privada en Chile genera alrededor de 800 millones de dólares anuales habiendo experimentado un crecimiento de más del 46% en el período que abarca del 2005 al 2008. El gasto en seguridad privada por chileno rebasaba los 25.000 dólares anuales en el 2005 y el monto generado por la seguridad privada representaría aproximadamente el 0,63% del producto interno bruto (PIB).

La expansión de la industria de la seguridad privada en Chile sería la resultante de la diferencia que existe entre las expectativas de seguridad de los ciudadanos y la percepción que tienen de la seguridad que es capaz de proveer la fuerza pública. Información que se vería confirmada por los resultados de la encuesta nacional de opinión pública de diciembre de 2006 que indica que la seguridad (delincuencia, asaltos y robos) constituye el problema número uno para los chilenos. La expansión de la seguridad privada en Chile estaría basada en gran parte para prevenir delitos contra la propiedad así como por el crecimiento de espacios cuasipúblicos, como comunidades residenciales, centros comerciales, supermercados, complejos deportivos y parques de atracciones, que son áreas accesibles para el público pero regidas por reglamentos y vigiladas por guardias privados.

La industria de seguridad en Chile está compuesta por sectores regulados y no regulados. De conformidad con el Decreto-ley Nº 3607 (1981) y la Ley Nº 19303 (1994), Carabineros es el cuerpo responsable de controlar y supervisar los sectores regulados del sistema de seguridad privada. Para ello, Carabineros ha desarrollado un manual que específica las tareas que corresponden a cada elemento del sistema. Unos 1.350 capacitadores y empresas capacitadoras privados instruyen y perfeccionan a los vigilantes y guardias de seguridad privada de acuerdo a los requisitos y planes de estudios dentro del marco legal establecidos por OS-10 de la Dirección General de Carabineros.

Según datos analizados, el 78,5% de guardias están empleados por empresas subcontratistas y el resto (21,5%) por empresas receptoras. Habría sólo algunas empresas transnacionales grandes y el resto estaría constituido por la atomización de unas 1.000 empresas nacionales. Esta fragmentación tendría efectos negativos, en particular en lo tocante a bajos salarios y la capacitación de los guardias de seguridad.

Conflictos sociales de Compañías Militares Privadas que proporcionan servicios de protección a empresas forestales:

Existen implicaciones de Compañías Militares Privadas chilenas contratadas por las compañías forestales en incidentes contra comunidades mapuches, en el sur del país.

En el año 2000 se acusó y condenó a nueve miembros de una comunidad mapuche bajo la Ley antiterrorista por el delito de incendio forestal.  De acuerdo al informe pericial de Carabineros, en la causa rol Nº 38774 – L del Juzgado de Yumbel por los delitos de incendio forestal, 2001, se acredita que “cuatro personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda., Rut., 77.386.030-0, dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero a provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia«. Entre las conclusiones del informe se determinó que «la Empresa Forestal Santa Ana Ltda., que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MIMICO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el artículo 5 bis del Decreto-ley Nº 3607 (…) y en contravención a la Ley Nº 17798 sobre control de armas y explosivos, por el porte ilegal de armas de fuego que es utilizado por algunos de ellos«.

Las condenas contra nueve miembros de la comunidad mapuche han sido cuestionadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en su visita a Chile en noviembre de 2003, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 33º período de sesiones (noviembre de 2004) y por informes de Human Rights Watch y la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Aunque algunos congresistas han solicitado la reapertura del caso, para condenar a la empresa de seguridad presuntamente implicada, no se han tomado medidas al respecto.

En su informe el Relator Especial indica que “uno de los problemas más candentes que aquejan a los pueblos originarios de Chile tiene que ver con la propiedad de la tierra y la territorialidad de los indígenas, particularmente entre los mapuches. (…) Las tierras de las comunidades se encuentran aisladas dentro de propiedades de particulares, principalmente de extensas plantaciones forestales, cercadas y protegidas por guardias privados (dificultades de tránsito, hostigamiento, ningún acceso a los bosques)”.

Según información proporcionada por la Dirección General de Carabineros, las compañías forestales no emplearían ni guardias de seguridad ni vigilantes privados (estos últimos sólo autorizados a los entes que ocupan lugares estratégicos como bancos). Al parecer los funcionarios de seguridad actuaban como brigadistas y no como guardias para burlar los controles.

Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes que desenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuches.

El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otros actos vandálicos. Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relató a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000)

Después que provocamos a los Mapuches, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuches”.

Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras”.

En las noches, donde las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes (Ceremonias religiosas), brigadistas cortaban los Rehues (símbolo religioso), hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa”.

Estos actos según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad. Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco de Forestal Mininco ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente de Relaciones Públicas de la propia empresa Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas mapuches, responsabilizando incluso al dirigente y ex vocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf. Dicho “atentado”, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado en agosto de dicho año.

Todas estas diligencias acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Las denuncias por auto atentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron. El diputado PPD Eugenio Tuma fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus “grupos de seguridad”, señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000:

No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches. Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral”.

Otra denuncia realizada por el obrero Pedro Cifuente, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra. Pedro Cifuentes involucró de manera directa a funcionarios de la empresa Forestal Mininco en los atentados.

La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa. Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales”.

Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches”.

Pedro Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio.

Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron”.

Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. Alex de Ruíz habría convencido a Pedro Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.

Durante el año 2008 y hasta el 2010, el Senador RN Alberto Espina Otero, apoyado por Carlos Aníbal Larraín Peña, manifestaron una y otra vez que había conexiones entre los Mapuche y las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. Al final, en noviembre del 2010, Alberto Espina Otero, tuvo que desdecirse ya que simplemente no había pruebas.

La Compañía Militar Privada VIP Seguridad, abrió oficinas en La Araucanía, ofreciendo también sus servicios para las regiones Biobío, Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

VIP Seguridad fue creada en el 2012 y ofrece servicios especializados para la seguridad pública y privada, atendiendo la demanda de empresas de distintos rubros: minería, energía, forestal, retail, turismo y otros.

La compañía, con oficina matriz en Santiago, es pionera en Chile en el uso de guardias tácticos, tecnología e inteligencia social para la prevención y disolución del delito en zonas de alto riesgo y estrés delictual.

Mercenarios de VIP Seguridad, foto pág. Web.

Entre sus recursos destacan los guardias tácticos – profesionales altamente entrenados en lo técnico, físico y sicológico -, tecnología de última punta para la prevención del delito y aplicable por cielo, mar y tierra, además del diseño e implementación de estrategias de inteligencia social para prevenir escenarios de riesgo y recopilar información que permita tomar las decisiones más acertadas.

Ralph Wladdimiro, gerente general de VIP Seguridad, foto pág. Web.

Las empresas de seguridad privada con alta especialidad trabajamos de acuerdo a lo que nos permite la ley; estamos preparadas para tareas de alta exigencia operacional, geográfica, medioambiental y con entornos de estrés delictual. Sabemos, además, que el enlace con las Fuerzas de Seguridad fundamental para la búsqueda de todo resultado eficiente, añade Ralph Wladdimiro, oficial retirado de carabineros (GOPE), recibió entrenamiento en el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, en técnicas de Protección de Personas Importantes y análisis, control y combate de guerrillas con mención en neutralización y desactivación de explosivos.

Con fecha 16 de octubre 2020, diversos registros audiovisuales dan cuenta de la tensa situación que se vive en el fundo La Fusta y sus inmediaciones, en la comuna de Lonquimay.

El medio de comunicación Interferencia publicó un artículo que evidencia que el fundo en disputa es de la familia Luksic, en donde además tendrían «concesiones mineras en esas tierras, y cientos de litros de agua por segundo para uso hidroeléctrico».

El sujeto armado que se ve a la derecha de la fotografía anterior, intenta evitar una recuperación territorial del Lof Adkintue que reclama como tierras ancestrales los terrenos que legalmente pertenecen a este grupo empresarial. En el lugar se han provocado enfrentamientos entre guardias privados armados, con comuneros que han utilizado palos y piedras para defenderse.

A modo de reflexión:

Son motivo de preocupación las tendencias hacia la privatización de la seguridad y del uso de la fuerza y que se violen los derechos humanos con impunidad cuando empresas militares y de seguridad privada intervienen en conflictos armados o en posconflictos, en el control de la seguridad nacional o en otras situaciones. Este fenómeno se manifiesta a menudo con la creación, por parte de empresas transnacionales, de filiales satélite que tienen personalidad jurídica en un país, prestan servicios en otro país y contratan personal en terceros países. Otra nueva modalidad indica que algunas de esas empresas, o sus empleados, cometen delitos contra la libertad personal, coaccionando, hostigando y amenazando a miembros de organizaciones de derechos humanos en relación con protestas sociales, particularmente a defensores de derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales y a miembros de comunidades indígenas.

A su vez, a los Estados, la utilización de mercenarios les permite moverse por fuera del derecho internacional ya que la falta de legislación o, la tercerización misma, les permite rehuir de toda acusación de crímenes de guerra dado que la misma siempre la ejercen empresas.

La cuestión que se plantea ahora es si se debe considerar a los empleados de las empresas privadas militares y de seguridad como mercenarios. Aunque dichas empresas desarrollan una gran variedad de actividades que no son mercenarias, existe al menos una que tiende hacia los mismos objetivos y que es el motor principal tanto para los mercenarios como para las empresas privadas: el provecho personal para aquéllos y el beneficio para la empresa capitalista. Ambos están en la base de las nuevas actividades mercenarias del siglo XXI. Los individuos que las ejecutan establecen fácilmente el puente entre las acciones de empresas privadas de seguridad y las de grupos de mercenarios o individuos aislados.

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